Solo 151 de los 4.237 trabajadores de Molina afectados por un ERTE se han reincorporado a su actividad
Solo cuatro de cada cien trabajadores incluidos en un ERTE en la Región de Murcia regresan a la actividad, según indica una información publicada por el diario La Verdad. En Molina de Segura se tramitaron 637 expedientes que afectan a 4.237 empleados. Solo 151 de ellos se han reincorporado a su actividad, es decir, el 3,56 por ciento del total. La Consejería de Empleo cifra en 3.285 las personas que han salido de los 507 expedientes de regulación temporal anulados hasta el pasado 20 de agosto
Apenas cuatro de cada cien –4,12%– de los 79.718 trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la Región como consecuencia de la crisis del coronavirus han conseguido reanudar su actividad laboral hasta el momento, tal como revelan las estadísticas que maneja la Consejería de Empleo. Exactamente, 3.285 personas. Una cifra aún baja, pese al esfuerzo de los empresarios, que «han llevado un ritmo de recuperación de empleados importante, y que esperamos poder continuar», en palabras del presidente de la patronal regional Croem, José María Albarracín, al citado periódico.
Las cifras registradas hasta el último cómputo oficial del pasado 20 de agosto elevan el volumen de expedientes desde la declaración del estado de alarma a un total de 14.689, de los que las empresas solo han conseguido reactivar 507, según las renuncias presentadas en la sede electrónica de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral.
Un dato significativo es que el municipio de Yecla –con la industria del mueble empujando en la reactivación– acumula el mayor número de trabajadores reincorporados, 1.183, hasta superar a las dos grandes ciudades, Murcia (1.025) y Cartagena (96). Ambas muy lastradas, en especial, la segunda, por el deterioro del sector servicios. Pero, además, la localidad del Altiplano supera en reincorporaciones a otros núcleos de mayor población como Lorca (64), Molina de Segura (151), Alcantarilla (54) y Águilas (66).
Mientras, otros municipios intermedios alcanzan cifras relevantes en la salida de personal de los ERTE, como son los casos de Totana (99), Alhama de Murcia (98) y San Pedro del Pinatar (103). En cambio, resulta significativo cómo San Javier, en comparativa con esta última localidad vecina, se queda con una cifra muy baja de apenas cinco trabajadores.
Un balance de recuperación muy pobre que también se aprecia en Mazarrón (19), Torre Pacheco (16), Cieza (38), Jumilla (38), Caravaca de la Cruz (30) y Las Torres de Cotillas (12), entre otros. Aunque mucho peores son los registros en La Unión (3), Mula (1), Archena (7) y Cehegín (7).
Los datos del Gobierno, en la recta final de julio, apuntaban, sin embargo, la vuelta a sus puestos del 78,5% de los afectados
Ante este panorama, la vuelta de septiembre arroja un horizonte sombrío, que obligará a muchas mercantiles a seguir acogiéndose a esta fórmula de protección.
En cualquier caso, el baile de cifras en cuanto a la cuantificación de los ERTE por parte de las administraciones central y autonómica, según cada uno de sus registros, es más que evidente si se comparan los datos ofrecidos.
Porque las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) –a fecha de 24 de julio–, rebajaban a 16.068 los trabajadores murcianos incluidos en alguno, lo que supone 58.556 menos que en el peor momento de la pandemia, cuando se llegó al pico máximo de 74.624, anotado el 30 de abril. Es decir, el 78,5% habría vuelto a la normalidad laboral. Sin embargo, la cifra actual de trabajadores afectados que maneja la Consejería en su último informe de agosto superaría ese récord negativo por encima de 5.000 trabajadores.
El secretario general del sindicato CC OO en la Región, Santiago Navarro, subraya que «el sector del turismo, la hostelería, es el que más se está viendo afectado, con un importante número de trabajadores que no han salido todavía de un ERTE, muchos de ellos desde que se instauró el estado de alarma». Y es que «esta actividad está teniendo problemas para reactivar la economía, lo que representa una dificultad añadida».
Por su parte, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, subraya que, ante la situación condicionada por la Covid-19, «la tarea de reconstrucción social y económica debe constituir el reto prioritario». Así, «hay que desarrollar todas las medidas acordadas en el pacto firmado por UGT, CC OO, Croem y el Gobierno regional, el pasado día 16 de mayo, para apuntalar y sostener el empleo, y dar cobertura a la protección social».
Hostelería y comercio son las actividades en una situación más crítica de cara a los próximos meses al empeorar la situación
Y, en especial, hace hincapié en que «debe producirse la inmediata publicación de las convocatorias de ayudas para compensar parte de las pérdidas salariales de los trabajadores en ERTE, o que hayan tenido o tengan que acogerse a fórmulas de conciliación, mediante excelencias y reducciones de jornada, especialmente para las familias con rentas más bajas».
Hostelería y comercio
Aparte del perjuicio que sufre la hostelería, también hace referencia Navarro a la difícil situación del comercio, sin olvidarse de las miles de familias de vendedores que sufren las restricciones para instalar sus puestos en muchos municipios. «Hay quienes no han podido reanudar su actividad y si se prologa la situación pueden cerrar su negocio», advierte. «Porque tememos que en otoño, en sectores como servicios, pueda haber problemas, así que habrá que continuar prorrogando los ERTE».
Jiménez concluye que «son tareas ineludibles: atajar la precariedad; garantizar una protección social digna; exigir a las patronales el cumplimiento de lo pactado en la negociación colectiva; hacer los centros de trabajo más seguros; industrializar, modernizar y hacer más sostenible y competitivo el tejido empresarial; exigir una financiación e inversión en infraestructuras justa para la Región; recuperar la totalidad los derechos perdidos por los empleados públicos; y ampliar las prestaciones, servicios y ayudas en sanidad, educación y servicios sociales».