El Psoe denuncia recursos insuficientes del Gobierno regional para reducir el absentismo escolar
El PSOE ha expresado su preocupación con la reciente asignación de fondos que Molina de Segura ha recibido, según la Orden de 3 de julio de 2024, de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo. De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el 18 de julio de 2024, al municipio se le ha asignado una subvención de solo 9.542,83 euros para la realización de actuaciones destinadas a la reducción del absentismo escolar y a la inclusión del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa. En marzo el Psoe ya presentó una moción en el pleno para pedir más recursos, pero finalmente se aprobó por mayoría una enmienda de sustitución de la concejala de Educación, María Hernández. La edil del Pp defendió la apuesta del Gobierno reginal por luchar contra el abandono escolar, a través de programas como las unidades de acompañamiento o el programa avanza y enriquecimiento educativo Proa +, entre otros. También puso en valor la figura del agente tutor que se ha implementado en los colegios de Molina.
Sin embargo, el PSOE considera que esta cantidad es insuficiente para cubrir las necesidades reales del municipio. Esta asignación refleja una falta de compromiso por parte del Gobierno de López Miras para garantizar un desarrollo equitativo de los estudiantes en Molina de Segura y la complicidad del alcalde molinense que lleva callado durante años ante esta injusticia.
“Los jóvenes de Molina de Segura merecen más apoyo para enfrentar los retos que tienen por delante. Esta asignación de 9.542,83 euros es insuficiente”, ha afirmado Isabel Gadea, portavoz del PSOE. “Es necesario que se aumente esta cantidad para asegurar que los chicos y chicas con más dificultades tengan opciones de futuro”.
Según la resolución, los fondos totales asignados para la región ascienden a 123.953,82 euros, distribuidos entre varios municipios para la contratación de personal técnico especializado en intervención social. “La ridícula cifra de 9.500 euros a penas da para contratar un persona dos meses, qué hacemos el resto del año, qué les decimos a las familias”, denuncia Isabel Gadea.
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