El Ayuntamiento inicia negociaciones para la cesión de inmuebles de la Sareb en Molina

El Ayuntamiento recibió a representantes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para una reunión de colaboración respecto a sus inmuebles en el municipio molinense, que  podrán ser objeto futuro de cesión, venta o arrendamiento, según indicaron los concejales de Promoción Económica, José de Haro González, y de Vivienda, Mariano Vicente Albaladejo, tras el encuentro mantenido con responsables de la Delegación Territorial de Levante, Óscar Hernández, Luis Linacero y Gerardo Pascual.

La reunión ha sido demandada por el concejal de Promoción Económica, José de Haro, quien se ha interesado por la comunicación con esta empresa que adquirió los activos financieros e inmobiliarios problemáticos de las entidades que recibieron ayuda pública y que tiene hasta 2027 para gestionar y liquidar su patrimonio definitivamente.

El edil sostiene que el interés radica “en poder tener una fluidez en la relación entre ambas entidades, con el fin de colaborar en potenciales lazos de gran utilidad administrativa y política, que abren nuevas oportunidades y perspectivas, una vez que Sareb ha descentralizado su actividad a través de la apertura de cinco delegaciones territoriales en toda España”. El Consistorio molinense está interesado en conocer los inmuebles para ofrecerlos a posibles demandantes.

José de Haro ha indicado que “la fluida relación con Sareb es indispensable para una correcta y óptima gestión de los inmuebles radicados en suelo molinense, ya sean solares urbanos, industriales o rústicos, o viviendas aisladas, pareadas o en bloque”.

Por su parte, el concejal de Vivienda, Mariano Vicente, ha añadido que, “con esta nueva relación institucional, se abre un camino hasta ahora desconocido en pos del interés general, y que facilite acuerdos en materia de vivienda para familias desfavorecidas con un alquiler social factible para estos núcleos familiares, cuestión ésta que deben de afrontar las administraciones como garantía del derecho constitucional a una vivienda digna”.